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El Postconflicto En Colombia


La caída de la cifra de desplazamiento forzado también es impresionante. En 2002, un año donde se recrudeció la violencia paramilitar y la exguerrilla de las FARC estaba en expansión, la población que fue víctima de desplazamiento forzado ese año casi alcanza los 800.000 colombianos. En 2018, la cifra, aunque todavía alta, fue de 157.000.




El Postconflicto En Colombia


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El objetivo del presente artículo es analizar, el papel del educador en esta nueva etapa para Colombia que demanda de todos los actores involucrados, un especial esfuerzo, dinamismo y compromiso. Para lograr que esta fase de reinserción sea exitosa, se deben desarrollar programas estratégicos que garanticen no solo la capacitación de todas las partes de interés, sino también mecanismos de inclusión que promuevan la paz en los contextos educativos. Por lo anterior, se analiza mediante un enfoque descriptivo/cuantitativo la percepción de las familias y funcionarios de organismos oficiales, sobre el papel del educador en este periodo de postconflicto. Se discute y se reflexiona sobre los programas de intervención en el momento actual en las instituciones de educación a nivel nacional. Entre los hallazgos se encuentra que la comunidad considera clave la labor docente para la construcción de la paz. La principal conclusión es que el docente es un agente de transformación, siempre que cuente con el apoyo y orientación de las políticas institucionales y del Estado para la construcción de la paz.


En el caso colombiano, y en busca de ejemplarizar lo expuesto, en Medellín se instauró el Sistema de Formación Ciudadana para la Participación (SFCP), que otorga los lineamientos para encausar los procesos formativos de la región para el desarrollo de habilidades y capacidades que faciliten el ejercicio de la ciudadanía y la participación democrática, manifestados en prácticas de convivencia, resolución pacífica de conflictos y ejercicios de control social (Salazar y Marín, 2017).Este sistema contempla la integración de tres dimensiones en los planes formativos, como son la cognitiva, la comunicativa, y la emocional y psicosocial; así mismo que pretende el desarrollo de las capacidades que se consideran útiles para el desarrollo de una nueva sociedad civil como son el juicio crítico, la afiliación, la praxis ética, el control sobre el propio entorno y la imaginación (Salazar y Marín, 2017). Es así como la educación se convierte en un factor transformador de las conductas afectadas por el conflicto armado, hacia una sociedad civil en donde prime la convivencia, la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, y el desarrollo de habilidades cognitivas que permitan la generación de nuevas oportunidades de crecimiento.


La educación, se considera en Colombia y a nivel universal como un derecho fundamental, promulgado junto con otros tan importantes como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, al trabajo y a la salud, solo por mencionar alguno de los más conocidos; y según lo contemplado en la declaración universal de los derechos humanos, todas las personas, sin importar su género, edad o condición social, tienen el derecho a recibir formación, a capacitarse e informarse de manera libre y obligatoria (Fajardo, 2017). En el territorio nacional, la educación está presidida por la Ley General de la Educación de 1994 y la Constitución Política Nacional de 1991 y mediante las iniciativas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se da curso a todos aquellos programas que sean necesarios, para dar a los ciudadanos todo lo requerido en los términos que se estiman necesarios (Marín et al., 2017). Teniendo en cuenta que la educación a que tiene derecho una persona es un factor trascendental, relevante y valioso para su desarrollo integral y para el progreso económico y social de las regiones, ciudades y municipios, se puede afirmar que no basta con que se pueda ir a una institución a recibir formación, se requiere además de un acompañamiento concordante con el contexto o momento histórico de cada comunidad para poder así aspirar a un desarrollo completo (Marín et al., 2017). Lo citado, toma especial importancia, pues a hoy en el país, se abre espacio al tema del postconflicto en todos sus escenarios, lo que exige que todos los organismos especialmente, los relacionados con la atención social, forjen ámbitos respetuosos e integradores que propicien la sana y armoniosa convivencia; abrir un nuevo panorama en el territorio nacional se entiende como una tarea de alto esfuerzo, compromiso y solidaridad que involucra todos los actores de interés (Pérez, 2014).


A lo largo de la historia de la humanidad las guerras al interior o exterior de los países, ha tenido un papel protagónico y determinante en muchas etapas del desarrollo de la sociedad en general (Schumpeter, 2017). Muchas naciones, han pasado por periodos críticos y se han visto obligadas a afrontar situaciones complejas que han dejado como balance final gran número de víctimas (Cobban, 2015). La guerra es y ha sido, un obstáculo para alcanzar niveles de desarrollo socio-económico y patrones apropiados de calidad de vida, tanto en la ciudad como en el campo (May y Furley, 2016). Desde el sector de educación, se han venido analizando las distintas alternativas que las instituciones pueden ofrecer para el periodo de postconflicto, y los variados mecanismos que pueden contribuir, para que los planes de acción que se desarrollarán como técnica preliminar de las políticas de paz, puedan incitar a que, a través de la educación en todos sus niveles se fortalezca la solución de la problemática social, especialmente, en este nuevo momento de la historia de Colombia, un país que ha luchado por más de 50 años por alcanzar una armonización en temas de conflicto interno (Herrera y Rodríguez, 2016). Históricamente, se caracterizan las etapas de posguerra como el periodo de tiempo que prosigue a un conflicto, el cual puede ser parcial o total. Lo anterior puede interpretarse de muchas maneras o como un único atributo que evidencia el fin de una situación belicosa que involucra de muchas maneras a comunidades y sociedades enteras (Echavarría et al., 2015). En este sentido, el post conflicto en el país no envuelve el fin total o erradicación de grupos al margen de la ley, por el contrario, supone el comienzo de una nueva etapa, en donde las partes aceptan nuevas formas de mediación para generar nuevos encargos a las problemáticas sociales, donde las partes puedan armonizar sus diferencias (Tom, 2013).


Incuestionablemente, al hablar de paz en el momento actual se llega a ciertas emociones que se contradicen entre sí; no es fácil acoger a las personas que vienen de estar muchos años por fuera de la vida cotidiana por estar en una militancia al margen de la ley, pero no por ello dejan de ser individuos con derecho, debe reconocerse como personas que tienen derecho a recomponer sus escenarios pues como todos los demás connacionales, tienen los mismos beneficios que el resto de colombianos y que por encima de todo deben ser respetados (Justino, 2016). Lo anterior demanda que los procesos a desarrollar se hagan de manera responsable, transparente y con altos niveles de inclusión con el fin de garantizar la eficacia del mismo a todas las partes de interés en el territorio nacional (Osorio, 2016). Debe tenerse en cuenta que la educación en Colombia ha ido evolucionando de la mano con los diferentes factores que en el transcurso de la historia generaron marca y recordación en el subconsciente colectivo de la sociedad, siendo entonces el conflicto armado una de las causas que más ha influido en su transformación con el paso de los años (Calderón, 2016).


La educación en zonas rurales guarda diferencias importantes con la educación impartida en ciudades, siendo la primera dirigida potencializar las labores desarrolladas en el sector agrario y golpeada directamente por las situaciones generadas en el conflicto y la segunda aquella que se enfoca más en los aspectos industriales; ejemplo de otros conflictos analizados en países con conflictos similares dan cuenta de ello (Shah y Cardozo, 2014). Es importante que tanto educación como educador sean actores de calidad en la etapa del postconflicto (Barakat et al., 2013), puesto que, en gran parte de ello depende el tipo de individuos que en el futuro próximo y lejano dirija o haga parte de los diferentes estamentos sociales, y prepararlos de manera adecuada es un papel relevante que ubica al educador en un pilar base para el desarrollo de esta labor (Quaynor, 2016). Es entonces necesario que el educador cuente con las herramientas disponibles para su desarrollo también integral, y sean lo suficientemente aptos para echar sobre sus hombros tal responsabilidad (Van et al., 2014). El desarrollo de las competencias y habilidades de los educandos depende en gran medida de la preparación de los encargados de realizar la pedagogía (Lujan, 2016), y las particularidades que conllevan un postconflicto hace necesario que el educador se forme de manera integral para poder dar respuesta a las diferentes necesidades que presentan personas que han vivido o pasado por situaciones afectadas por la violencia desencadenada a lo largo de cincuenta años en todo el territorio nacional.


Para el cumplimiento del objetivo propuesto se ha optado por un diseño de investigación descriptivo/cuantitativo, lo que facilitó a partir de la aplicación de un instrumento (encuesta) tipo Lickert a un total de 55 participantes (familias, líderes cívicos y estudiantes de la ciudad de Barraquilla) seleccionados mediante la técnica de muestreo intencionado (Acharya et al., 2013), con la finalidad de recopilar la opinión que tienen sobre el papel de educador en la etapa del postconflicto colombiano. En palabras de autores como Paz (2014), los estudios descriptivos permiten nutrir las reflexiones sobre temas de corte social, pues al capturar información de las partes de interés sin intervenciones o influencias previas, se pueden llegar a precisiones sobre temas diversos a nivel general. Para el análisis de los datos se utilizaron gráficos para mayor ilustración de las opiniones recogidas.


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